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GENERACIÓN IGUALDAD

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Declaración de las Juventudes Feministas Latinoamericanas y del Caribe

Consulta regional de juventud hacia Beijing+25
América Latina y el Caribe

#GeneraciónIgualdad

Sesenta y cuatro mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes; activistas de 24 países; representantes de las personas jóvenes feministas, afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, migrantes, refugiadas, lesbianas, bisexuales, trans, no binaries, y de otras identidades, trabajadoras sexuales, con VIH, de zonas rurales, campesinas, urbanas, vulnerabilizadas y violentadas de América Latina y el Caribe; reunidas en Santiago de Chile del 25 al 28 de enero de 2020, en el marco de la Consulta Regional Juvenil de la Plataforma de Acción de Beijing+25, estamos aquí para hacer escuchar nuestra voz.

Nos dirigimos a los Estados, organismos internacionales, sociedad civil, academia y sector privado para que nuestras demandas sean tomadas en cuenta y se comprometan a materializar nuestros derechos humanos en: acceso a educación de calidad, laica, gratuita e intercultural en todos los niveles; ejercicio libre de nuestra sexualidad con autonomía física y Educación Sexual Integral; una vida libre de violencias y discriminación; participación política; respeto a las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas; no criminalización a las personas defensoras de derechos humanos; derechos laborales; y acceso a servicios de salud integral de calidad, gratuitos y con perspectiva intercultural poniendo especial atención a la salud mental; que se reconozca nuestra capacidad de agencia y liderazgo, y considerando nuestras particularidades identitarias.

A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, el contexto global ha cambiado y las problemáticas se han complejizado. El estallido de la crisis climática y la revolución digital que se extiende de manera exponencial, cambian por completo la situación de vida a nivel regional y la forma de relacionarnos entre nosotras y con el planeta, instaurando nuevas preocupaciones y otorgándose la oportunidad de evolucionar como comunidad.

En relación a la violencia de género, evidenciamos la falta de perspectiva de género e interculturalidad de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, teniendo como consecuencia la re-victimización y violencia institucional que dificultan el acceso a los derechos, en especial en niñxs, personas LGBTIQ+, afrodescendientes e indígenas; así como la ausencia de leyes de protección y protocolos; y la falta de programas de prevención que deconstruyan los mandatos sociales y culturales, para así asegurar la vida digna y segura para niñas y jóvenes. Es alarmante la violencia sexual que viven las niñas, jóvenes y mujeres de la región, con altas cifras de feminicidios y transfeminicidios, que impacta aún más a migrantes y refugiadas. Además, la violencia de género se ve acrecentada por la pobreza.

En el ámbito económico, convergen problemáticas de género, raza, y clase en el aumento de la pobreza, hay una gran brecha salarial entre hombres y mujeres, discriminación y barreras que les impiden el ascenso o desarrollo en cargos directivos o gerenciales; falta de políticas públicas de redes de cuidado para posibilitar el desarrollo laboral de quienes ejercen actividades de cuidado y domésticas no remuneradas; todo lo anterior afecta aún más a personas jóvenes indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiadas, lesbianas, bisexuales, trans, travestis, no binaries, con discapacidad, entre otras.

Las juventudes estamos desplazadas y precarizadas en las políticas de empleo, y muchas veces no hemos sido consideradas nuestras labores de cuidados en el hogar que impiden nuestro desarrollo profesional, familiar y social, y sin seguridad ni protección social. Condenamos el extractivismo y proponemos un modelo de producción que considera además a las mujeres, adolescentes y niñas que viven dentro de las zonas más críticas, por último, existe una serie de trabajos no remunerados o no reconocidos, que obligan a las mujeres a vivir de forma aún más precarizada.

En cuanto a Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la mayoría de países de nuestra región no tiene Educación Integral en Sexualidad en instituciones educativas, y de existir es deficiente en el abordaje con infancias, adolescencias y derechos humanos y desde una perspectiva sólo reproductiva. Las personas jóvenes, sobre todo las pertenecientes a grupos históricamente vulnerados, se ven aún más violentadas al no contar con servicios de salud de calidad, acceso a métodos anticonceptivos, métodos de barrera en prevención de VIH e ITS. Además, la criminalización del aborto violenta la autonomía física de las mujeres, niñas y adolescentes. La perpetuación de los matrimonios y uniones tempranas y forzadas, así como los embarazos en adolescentes y embarazos infantiles forzados, son una forma de violencia que atenta contra nuestro pleno desarrollo en la sociedad. Estas circunstancias se ven especialmente comprometidas ante el auge de movimientos conservadores y antiderechos que no sólo frenan el desarrollo sino que pretenden hacen retroceder en los derechos ya ganados. Como juventudes no daremos ningún paso atrás en nuestra autonomía.

En el campo de la justicia climática, nos preocupa la poca participación de mujeres y juventudes en la toma de decisiones, lo cual intensifica el ineficaz cumplimiento de leyes, políticas públicas, inversiones y proyectos verdes para la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta. También, identificamos la escasa formación a docentes en educación ambiental, economía circular y sistema B, en especial en zonas vulnerabilizadas, comunidades indígenas o periféricas, que han sido las principales afectadas por la crisis climática.

Con relación a la participación y liderazgo, un gran obstáculo es que en algunos países de la región aún no existe la paridad de género en los cargos públicos, políticos y sociales. No tenemos escaños reservados para la comunidad LGBTIQ+, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y mujeres pertenecientes a grupos vulnerados. Sumado a esto, la participación política de niñas, adolescentes y jóvenes en espacios de tomas de decisiones es prácticamente nula.   La discriminación limita la representación de los grupos e identidades mencionadas. En nuestros países, la criminalización del derecho a la protesta dificulta la participación y decisión de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, en espacios públicos, políticos y sociales.

En cuanto a educación y formación, falta la promoción de participación de niñas, jóvenes y mujeres en todos los campos del conocimiento, en especial en tecnología e innovación, y las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Además, son necesarias mayores medidas gubernamentales para promover la educación científica y tecnológica pública con el fin de eliminar la educación sexista al interior de estos espacios. Se debe garantizar el acceso universal a una educación gratuita, de calidad y feminista con enfoque intercultural, comunitario, transfeminista y disidente, decolonial, inclusivo y de discapacidad, tanto en espacios formales como no formales. Por otro lado, el analfabetismo en nuestra región sigue siendo una de las principales barreras en la reducción de la pobreza, en donde niñas, mujeres y jóvenes no tienen acceso a la educación debido al mandato de género en las labores domésticas y de cuidado no remuneradas.

Frente a esto, las juventudes latinoamericanas y del Caribe identificamos como desafíos prioritarios:

  • Reconocer, incentivar y legitimar las diversas formas de ser desde una perspectiva integral de derechos humanos, construyendo procesos de cooperación y articulación que valoricen las diversidades de las personas y fomenten la equidad para
  • Articular acciones en conjunto entre Estados, ONGs, sociedad civil y sector privado, para el cuidado del medio ambiente de forma interseccional y sostenible; asegurando una producción y consumos sustentables, y garantizando la protección de las defensoras del territorio y los recursos

Demandamos/exhortamos 

A los Estados

  • Fiscalización, monitoreo y efectiva entrega presupuestaria en la implementación de las políticas públicas dirigidas a las
  • La implementación de las leyes y acuerdos internacionales firmados por los respectivos países en materia de juventudes e igualdad de género.
  • Garantizar los derechos económicos para grupos estructuralmente vulnerabilizados, eliminando las brechas salariales, reconociendo los trabajos no remunerados, la explotación y precarización laboral; garantizando ingresos mínimos a madres solteras; financiando a emprendedoras; y reconociendo la economía del cuidado; a favor de un modelo económico inclusivo, sustentable, equitativo y
  • Brindar las condiciones para fortalecer y asegurar nuestra incorporación al empleo digno, con atención a la sostenibilidad y dignificación del trabajo remunerado y no remunerado.
  • Financiar las iniciativas de impacto social, económico y medioambiental liderados por las Juventudes Latinoamericanas y Caribeñas, garantizando, de manera interseccional, la participación de mujeres y jóvenes en toda su
  • Promulgar, fortalecer, e implementar, leyes antidiscriminación que protejan todas nuestras identidades; tipificando los femicidios, crímenes de lesboodio, homofobicos y transfobicos en los códigos penales de cada país.
  • Implementar políticas y servicios de salud sexual y reproductiva de manera universal, desde la prevención frente al VIH e infecciones, y que incluyan el acceso efectivo al placer, la planificación familiar, la anticoncepción y la autonomía física.
  • Garantizar el acceso universal a una educación gratuita, de calidad y con enfoque de género, interseccional, intercultural, comunitario, y disidente, decolonial, inclusivo y de discapacidad, tanto en espacios formales como no formales, haciendo hincapié en la Educación Sexual Integral y en materias tecnológicas y de innovación, fomentando la participación de mujeres y la capacitación del personal
  • Capacitar a profesionales de la salud en derechos sexuales y reproductivos;
  • Despenalizar, desestigmatizar, legalizar y garantizar el acceso al aborto, de manera libre, gratuita y segura a todos las personas
  • Abordar la crisis climática con perspectiva de género, e impulsar acciones para el cuidado del medio ambiente de forma interseccional y sostenible, así como ratificar e implementar con urgencia el tratado de Escazú en todos los países de la región.
  • Incentivar la participación política de las mujeres, jóvenes y grupos vulnerabilizados a través de espacios que promuevan la formación, empoderamiento y organización ciudadana, de manera inclusiva y no discriminatoria. En paralelo, se deben comprometer a los estados y tomadores de decisiones a establecer diálogos que garanticen la participación de forma efectiva, directa y
  • Que ratifiquen la Convención para la Eliminación de todas de Discriminación contra las mujeres (CEDAW), Convención de derechos del niño, entre otros que impactan directamente en nuestro

A los Organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas y los organismos de cooperación internacional les exigimos:

  • Reconocer sus discursos y cosmovisiones eurocéntricas, colonizadoras y adultocentristas, garantizando la incorporación de discursos y prácticas diversificadas.
  • Apoyar a la sociedad civil en la defensa de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos, brindando apoyo económico y político a través de proyectos vinculantes con continuidad, representatividad y democracia a nivel local, nacional y regional.
  • Reconocer y rechazar categóricamente las violencia a líderes y lideresas
  • Establecer procesos de formación para la incidencia en su mecanismo de Naciones Unidas especialmente a la niñez y juventud, desde un lugar real y no solo

A sector privado

  • Promover el respeto de los principios de derechos humanos en todas sus esferas, cumpliendo normas y acuerdos internacionales, especialmente en materias de género, derechos laborales, sustentabilidad y responsabilidad medioambiental y de personas indígenas, LGTTTBIQ+ y con discapacidad, entre otras. Asimismo, reconocer e implementar los normativas y políticas empresariales de acuerdo a los Derechos
  • Brindar financiamiento a los movimientos de niñas, adolescentes, mujeres jóvenes e identidades diversas sin imposiciones de agenda, y con autonomía para el ejercicio del
  • Asegurar a los grupos vulnerabilizados el acceso a cargos directivos y las condiciones laborales dignas para el desarrollo pleno de quienes se desempeñen en esas áreas.
  • Manejo responsable de las comunicaciones, no reproduciendo roles y estereotipos de género. Y desde otra perspectiva, promover campañas comunicacionales para educar sobre la no reproducción de estereotipos de género y el manejo responsable de las comunicaciones.
  • Dar enfoque a los fondos hacia las organizaciones que permitan mayor acceso a poblaciones vulnerables, rurales y
  • Generar políticas de inserción laboral de mujeres con paridad, acabando con las brechas de género, empleo juvenil, sin precarización laboral, seguridad social y conforme a nuestra experiencia y

A la sociedad civil

  • Una participación activa en los espacios de toma de decisiones, elaborando propuestas e iniciativas que representen las demandas de la sociedad, así como monitorear y hacer seguimiento de las políticas públicas.
  • Que los niños, niñas y jóvenes tengan voz dentro de las agendas y puedan ser consultadas, consultados y
  • Se debe Fortalecer y caracterizar organizaciones, de línea base respetando discursos y desmonopolizando los fondos.

A la academia

  • Ser una herramienta interdisciplinaria de vinculación y acción social movilizando las agendas de derechos
  • Que se incorpore en la planificación escolar una educación integral con perspectiva de género, sexualidad, diversidad, laicidad y con bases científicas.
  • Que se garantice la participación e investigación de personas y mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travesties, no binarias, afrodescendientes, migrantes, indígenas, viviendo con VIH, con discapacidad y de contextos

COMPROMISOS 

Como Juventudes Feministas de Latinoamerica y el Caribe nos comprometemos a:

  • Movilizar esta declaración en nuestros países con otras organizaciones de la sociedad civil, replicando y acercando toda la información, conocimientos y herramientas sobre esta consulta a nuestros
  • Apoyar activamente las luchas colectivas, respetando y valorando las diversidades, desde la unión, la contención y los diferentes espacios de lucha para fortalecer la participación de las juventudes en los procesos de participación local, nacional e internacional, y a incidir para que las demandas se conviertan en acciones concretas y
  • Realizar el monitoreo, control, seguimiento e incidencia en las legislaciones, políticas públicas y planes de acción de los países de modo que se garanticen los derechos de las juventudes en toda nuestra diversidad, con respeto a los acuerdos generados en la “Consulta Regional de la Juventud hacia Beijing+25” a través de informes y reuniones a futuro, potenciando los temas de género a partir de la creación de redes entre mujeres; y a evaluar de aquí en adelante los avances y nuevos desafíos de acuerdo a los contextos futuros.

Somos el presente, el grito colectivo de una generación que lucha diariamente por un mundo más justo e igualitario, que exige terminar con las injusticias y que demanda a los Estados de la región su atención, compromiso y acción para el pleno goce de los derechos de las juventudes en toda nuestra diversidad.

Santiago, Chile, a 29 de enero del 2020.

Declaración de las Juventudes Feministas Latinoamericanas y del Caribe

Consulta regional de juventud hacia Beijing+25
América Latina y el Caribe

#GeneraciónIgualdad

Sesenta y cuatro mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes; activistas de 24 países; representantes de las personas jóvenes feministas, afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, migrantes, refugiadas, lesbianas, bisexuales, trans, no binaries, y de otras identidades, trabajadoras sexuales, con VIH, de zonas rurales, campesinas, urbanas, vulnerabilizadas y violentadas de América Latina y el Caribe; reunidas en Santiago de Chile del 25 al 28 de enero de 2020, en el marco de la Consulta Regional Juvenil de la Plataforma de Acción de Beijing+25, estamos aquí para hacer escuchar nuestra voz.

Nos dirigimos a los Estados, organismos internacionales, sociedad civil, academia y sector privado para que nuestras demandas sean tomadas en cuenta y se comprometan a materializar nuestros derechos humanos en: acceso a educación de calidad, laica, gratuita e intercultural en todos los niveles; ejercicio libre de nuestra sexualidad con autonomía física y Educación Sexual Integral; una vida libre de violencias y discriminación; participación política; respeto a las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas; no criminalización a las personas defensoras de derechos humanos; derechos laborales; y acceso a servicios de salud integral de calidad, gratuitos y con perspectiva intercultural poniendo especial atención a la salud mental; que se reconozca nuestra capacidad de agencia y liderazgo, y considerando nuestras particularidades identitarias.

A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, el contexto global ha cambiado y las problemáticas se han complejizado. El estallido de la crisis climática y la revolución digital que se extiende de manera exponencial, cambian por completo la situación de vida a nivel regional y la forma de relacionarnos entre nosotras y con el planeta, instaurando nuevas preocupaciones y otorgándose la oportunidad de evolucionar como comunidad.

En relación a la violencia de género, evidenciamos la falta de perspectiva de género e interculturalidad de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, teniendo como consecuencia la re-victimización y violencia institucional que dificultan el acceso a los derechos, en especial en niñxs, personas LGBTIQ+, afrodescendientes e indígenas; así como la ausencia de leyes de protección y protocolos; y la falta de programas de prevención que deconstruyan los mandatos sociales y culturales, para así asegurar la vida digna y segura para niñas y jóvenes. Es alarmante la violencia sexual que viven las niñas, jóvenes y mujeres de la región, con altas cifras de feminicidios y transfeminicidios, que impacta aún más a migrantes y refugiadas. Además, la violencia de género se ve acrecentada por la pobreza.

En el ámbito económico, convergen problemáticas de género, raza, y clase en el aumento de la pobreza, hay una gran brecha salarial entre hombres y mujeres, discriminación y barreras que les impiden el ascenso o desarrollo en cargos directivos o gerenciales; falta de políticas públicas de redes de cuidado para posibilitar el desarrollo laboral de quienes ejercen actividades de cuidado y domésticas no remuneradas; todo lo anterior afecta aún más a personas jóvenes indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiadas, lesbianas, bisexuales, trans, travestis, no binaries, con discapacidad, entre otras.

Las juventudes estamos desplazadas y precarizadas en las políticas de empleo, y muchas veces no hemos sido consideradas nuestras labores de cuidados en el hogar que impiden nuestro desarrollo profesional, familiar y social, y sin seguridad ni protección social. Condenamos el extractivismo y proponemos un modelo de producción que considera además a las mujeres, adolescentes y niñas que viven dentro de las zonas más críticas, por último, existe una serie de trabajos no remunerados o no reconocidos, que obligan a las mujeres a vivir de forma aún más precarizada.

En cuanto a Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la mayoría de países de nuestra región no tiene Educación Integral en Sexualidad en instituciones educativas, y de existir es deficiente en el abordaje con infancias, adolescencias y derechos humanos y desde una perspectiva sólo reproductiva. Las personas jóvenes, sobre todo las pertenecientes a grupos históricamente vulnerados, se ven aún más violentadas al no contar con servicios de salud de calidad, acceso a métodos anticonceptivos, métodos de barrera en prevención de VIH e ITS. Además, la criminalización del aborto violenta la autonomía física de las mujeres, niñas y adolescentes. La perpetuación de los matrimonios y uniones tempranas y forzadas, así como los embarazos en adolescentes y embarazos infantiles forzados, son una forma de violencia que atenta contra nuestro pleno desarrollo en la sociedad. Estas circunstancias se ven especialmente comprometidas ante el auge de movimientos conservadores y antiderechos que no sólo frenan el desarrollo sino que pretenden hacen retroceder en los derechos ya ganados. Como juventudes no daremos ningún paso atrás en nuestra autonomía.

En el campo de la justicia climática, nos preocupa la poca participación de mujeres y juventudes en la toma de decisiones, lo cual intensifica el ineficaz cumplimiento de leyes, políticas públicas, inversiones y proyectos verdes para la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta. También, identificamos la escasa formación a docentes en educación ambiental, economía circular y sistema B, en especial en zonas vulnerabilizadas, comunidades indígenas o periféricas, que han sido las principales afectadas por la crisis climática.

Con relación a la participación y liderazgo, un gran obstáculo es que en algunos países de la región aún no existe la paridad de género en los cargos públicos, políticos y sociales. No tenemos escaños reservados para la comunidad LGBTIQ+, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y mujeres pertenecientes a grupos vulnerados. Sumado a esto, la participación política de niñas, adolescentes y jóvenes en espacios de tomas de decisiones es prácticamente nula.   La discriminación limita la representación de los grupos e identidades mencionadas. En nuestros países, la criminalización del derecho a la protesta dificulta la participación y decisión de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, en espacios públicos, políticos y sociales.

En cuanto a educación y formación, falta la promoción de participación de niñas, jóvenes y mujeres en todos los campos del conocimiento, en especial en tecnología e innovación, y las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Además, son necesarias mayores medidas gubernamentales para promover la educación científica y tecnológica pública con el fin de eliminar la educación sexista al interior de estos espacios. Se debe garantizar el acceso universal a una educación gratuita, de calidad y feminista con enfoque intercultural, comunitario, transfeminista y disidente, decolonial, inclusivo y de discapacidad, tanto en espacios formales como no formales. Por otro lado, el analfabetismo en nuestra región sigue siendo una de las principales barreras en la reducción de la pobreza, en donde niñas, mujeres y jóvenes no tienen acceso a la educación debido al mandato de género en las labores domésticas y de cuidado no remuneradas.

Frente a esto, las juventudes latinoamericanas y del Caribe identificamos como desafíos prioritarios:

  • Reconocer, incentivar y legitimar las diversas formas de ser desde una perspectiva integral de derechos humanos, construyendo procesos de cooperación y articulación que valoricen las diversidades de las personas y fomenten la equidad para
  • Articular acciones en conjunto entre Estados, ONGs, sociedad civil y sector privado, para el cuidado del medio ambiente de forma interseccional y sostenible; asegurando una producción y consumos sustentables, y garantizando la protección de las defensoras del territorio y los recursos

Demandamos/exhortamos 

A los Estados

  • Fiscalización, monitoreo y efectiva entrega presupuestaria en la implementación de las políticas públicas dirigidas a las
  • La implementación de las leyes y acuerdos internacionales firmados por los respectivos países en materia de juventudes e igualdad de género.
  • Garantizar los derechos económicos para grupos estructuralmente vulnerabilizados, eliminando las brechas salariales, reconociendo los trabajos no remunerados, la explotación y precarización laboral; garantizando ingresos mínimos a madres solteras; financiando a emprendedoras; y reconociendo la economía del cuidado; a favor de un modelo económico inclusivo, sustentable, equitativo y
  • Brindar las condiciones para fortalecer y asegurar nuestra incorporación al empleo digno, con atención a la sostenibilidad y dignificación del trabajo remunerado y no remunerado.
  • Financiar las iniciativas de impacto social, económico y medioambiental liderados por las Juventudes Latinoamericanas y Caribeñas, garantizando, de manera interseccional, la participación de mujeres y jóvenes en toda su
  • Promulgar, fortalecer, e implementar, leyes antidiscriminación que protejan todas nuestras identidades; tipificando los femicidios, crímenes de lesboodio, homofobicos y transfobicos en los códigos penales de cada país.
  • Implementar políticas y servicios de salud sexual y reproductiva de manera universal, desde la prevención frente al VIH e infecciones, y que incluyan el acceso efectivo al placer, la planificación familiar, la anticoncepción y la autonomía física.
  • Garantizar el acceso universal a una educación gratuita, de calidad y con enfoque de género, interseccional, intercultural, comunitario, y disidente, decolonial, inclusivo y de discapacidad, tanto en espacios formales como no formales, haciendo hincapié en la Educación Sexual Integral y en materias tecnológicas y de innovación, fomentando la participación de mujeres y la capacitación del personal
  • Capacitar a profesionales de la salud en derechos sexuales y reproductivos;
  • Despenalizar, desestigmatizar, legalizar y garantizar el acceso al aborto, de manera libre, gratuita y segura a todos las personas
  • Abordar la crisis climática con perspectiva de género, e impulsar acciones para el cuidado del medio ambiente de forma interseccional y sostenible, así como ratificar e implementar con urgencia el tratado de Escazú en todos los países de la región.
  • Incentivar la participación política de las mujeres, jóvenes y grupos vulnerabilizados a través de espacios que promuevan la formación, empoderamiento y organización ciudadana, de manera inclusiva y no discriminatoria. En paralelo, se deben comprometer a los estados y tomadores de decisiones a establecer diálogos que garanticen la participación de forma efectiva, directa y
  • Que ratifiquen la Convención para la Eliminación de todas de Discriminación contra las mujeres (CEDAW), Convención de derechos del niño, entre otros que impactan directamente en nuestro

A los Organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas y los organismos de cooperación internacional les exigimos:

  • Reconocer sus discursos y cosmovisiones eurocéntricas, colonizadoras y adultocentristas, garantizando la incorporación de discursos y prácticas diversificadas.
  • Apoyar a la sociedad civil en la defensa de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos, brindando apoyo económico y político a través de proyectos vinculantes con continuidad, representatividad y democracia a nivel local, nacional y regional.
  • Reconocer y rechazar categóricamente las violencia a líderes y lideresas
  • Establecer procesos de formación para la incidencia en su mecanismo de Naciones Unidas especialmente a la niñez y juventud, desde un lugar real y no solo

A sector privado

  • Promover el respeto de los principios de derechos humanos en todas sus esferas, cumpliendo normas y acuerdos internacionales, especialmente en materias de género, derechos laborales, sustentabilidad y responsabilidad medioambiental y de personas indígenas, LGTTTBIQ+ y con discapacidad, entre otras. Asimismo, reconocer e implementar los normativas y políticas empresariales de acuerdo a los Derechos
  • Brindar financiamiento a los movimientos de niñas, adolescentes, mujeres jóvenes e identidades diversas sin imposiciones de agenda, y con autonomía para el ejercicio del
  • Asegurar a los grupos vulnerabilizados el acceso a cargos directivos y las condiciones laborales dignas para el desarrollo pleno de quienes se desempeñen en esas áreas.
  • Manejo responsable de las comunicaciones, no reproduciendo roles y estereotipos de género. Y desde otra perspectiva, promover campañas comunicacionales para educar sobre la no reproducción de estereotipos de género y el manejo responsable de las comunicaciones.
  • Dar enfoque a los fondos hacia las organizaciones que permitan mayor acceso a poblaciones vulnerables, rurales y
  • Generar políticas de inserción laboral de mujeres con paridad, acabando con las brechas de género, empleo juvenil, sin precarización laboral, seguridad social y conforme a nuestra experiencia y

A la sociedad civil

  • Una participación activa en los espacios de toma de decisiones, elaborando propuestas e iniciativas que representen las demandas de la sociedad, así como monitorear y hacer seguimiento de las políticas públicas.
  • Que los niños, niñas y jóvenes tengan voz dentro de las agendas y puedan ser consultadas, consultados y
  • Se debe Fortalecer y caracterizar organizaciones, de línea base respetando discursos y desmonopolizando los fondos.

A la academia

  • Ser una herramienta interdisciplinaria de vinculación y acción social movilizando las agendas de derechos
  • Que se incorpore en la planificación escolar una educación integral con perspectiva de género, sexualidad, diversidad, laicidad y con bases científicas.
  • Que se garantice la participación e investigación de personas y mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travesties, no binarias, afrodescendientes, migrantes, indígenas, viviendo con VIH, con discapacidad y de contextos

COMPROMISOS 

Como Juventudes Feministas de Latinoamerica y el Caribe nos comprometemos a:

  • Movilizar esta declaración en nuestros países con otras organizaciones de la sociedad civil, replicando y acercando toda la información, conocimientos y herramientas sobre esta consulta a nuestros
  • Apoyar activamente las luchas colectivas, respetando y valorando las diversidades, desde la unión, la contención y los diferentes espacios de lucha para fortalecer la participación de las juventudes en los procesos de participación local, nacional e internacional, y a incidir para que las demandas se conviertan en acciones concretas y
  • Realizar el monitoreo, control, seguimiento e incidencia en las legislaciones, políticas públicas y planes de acción de los países de modo que se garanticen los derechos de las juventudes en toda nuestra diversidad, con respeto a los acuerdos generados en la “Consulta Regional de la Juventud hacia Beijing+25” a través de informes y reuniones a futuro, potenciando los temas de género a partir de la creación de redes entre mujeres; y a evaluar de aquí en adelante los avances y nuevos desafíos de acuerdo a los contextos futuros.

Somos el presente, el grito colectivo de una generación que lucha diariamente por un mundo más justo e igualitario, que exige terminar con las injusticias y que demanda a los Estados de la región su atención, compromiso y acción para el pleno goce de los derechos de las juventudes en toda nuestra diversidad.

Santiago, Chile, a 29 de enero del 2020.

En esta página fotografías de:
Andy Richter, Dzilam Méndez, Ariel Silva, Joe Saade, Ryan Brown, Fahad Kaizer, Christopher Herwig.